CASTELLÓ. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Nules abre juicio oral contra el ex alcalde del PP, Mario García, por un delito continuado de prevaricación. Además, le impone como medida cautelar el pago de una fianza por un importe de 100.000 euros a fin de cubrir "las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse", según la parte dispositiva del procedimiento abreviado. El ex munícipe popular se enfrenta, asimismo, a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Con la apertura de la vista, la jueza atiende la petición del Ministerio Fiscal, que en 2015 inició la diligencia tras recibir la denuncia de un particular. Los hechos se remontan a octubre de 2011, cuando García, entonces alcalde de Nules, avaló la decisión de su concejal de Urbanismo, José Manuel Casaus (igualmente encausado), de facultar a la empresa Nuevos Servicios Funerarios SL para realizar obras en el tanatorio municipal sito en la carretera La Vall d'Uixó.
La autorización del primer edil se produjo con el informe desfavorable de la técnico de administración general, que alertó sobre el riesgo de incurrir en numerosas irregularidades por no figurar en el expediente ni los planos, ni el proyecto, ni tampoco el pago de las tasas correspondientes. El ingeniero municipal, de igual forma, emitió una valoración negativa y puso de manifiesto que la actuación afectaba, posiblemente, una zona de protección del vial CV-226, cuya titularidad pertenece a la Diputación de Castellón.
A pesar de los reparos de los funcionarios, el regidor ratificó la concesión de la licencia de obras a la citada mercantil en septiembre de 2012. A raíz de esa autorización, el propietario del tanatorio privado, que sí había presentado toda la documentación requerida por el Ayuntamiento cuando solicitó permiso de construcción, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
García ostentó la alcaldía de Nules entre 2007 y 2015. En su última legislatura, compaginó el cargo con la condición de diputado provincial, bajo la presidencia de Javier Moliner. Si bien en los dos últimos comicios locales concurrió como alcaldable del PP, en la actualidad simplemente se trata de concejal más dentro del grupo municipal (cinco munícipes), cuya portavocía recae en Victoria Marzal.
La apertura del juicio oral ha cogido un tanto por sorpresa a la dirección del Partido Popular de Castellón, que valora la nueva situación judicial de García de acuerdo con lo que establecen los estatutos del partido. En este sentido, la sección segunda (del expediente sancionador) contempla en su artículo 18, punto 8, apartado a), la posibilidad de incoar un expediente disciplinario.
En concreto, el epígrafe de reglamento del PP señala que "desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado [...] se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial".
La petición del Ministerio Fiscal respecto a la inhabilitación de 10 años para ejercer un cargo o empleo público puede comprometer no solo la carrera política de García, sino también su futuro laboral. El ex primer edil de Nules trabaja como funcionario en el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre, gobernado por la derecha, desde 2020. Aquel año ganó un concurso-oposición para obtener la plaza de arquitecto técnico (grupo A2). El alcalde, Francisco Ramón Juan Mars, compartió bancada con García en la Diputación Provincial.