CASTELLÓ. El Plan General (PG) de Castelló podría ser una realidad a partir de septiembre. Así lo aseguran los técnicos responsables de diseñar el nuevo ordenamiento urbanístico. Incluso, ante la imposibilidad de aprobarlo antes de primavera, defienden la necesidad de solicitar al Consell una nueva prórroga de las normas transitorias de urgencia, cuya tercera moratoria finalizará el próximo 1 de abril. "Estamos evaluando el alcance del aplazamiento, de seis meses o de un año", sostuvo este miércoles el coordinador del PG, Fernando Caldulch.
La primera webinar de la segunda exposición pública, celebrada bajo el título El Plan General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada, un nuevo urbanismo para una nueva ciudad, puso de manifiesto la presteza del Ayuntamiento por acabar con la actual incertidumbre legal al no existir un marco de desarrollo propio por las reiteradas anulaciones del PGOU de 2000 de la etapa del PP.
El seminario virtual, introducido por la alcaldesa, Amparo Marco, y moderado por el concejal de Urbanismo, José Luis López, reunió a más de 154 personas de manera de virtual, algunas de las cuales pudieron despejar sus dudas acerca de cuestiones generales o particulares tras las explicaciones de los técnicos municipales, el citado Calduch y la directora del PG, Consuelo Leal. De hecho, estos se atrevieron a dar plazos sobre la tramitación, siempre con la prudencia que exige un proceso tan largo y farragoso.
En este sentido, Calduch se mostró más aclaratorio y avanzó que "me atrevo a decir que nada más pasar el verano podrían estar aprobados el Pormenorizado y el Estructural", los dos instrumentos de planificación que integran el Plan General. Eso sí, advirtió que "vamos a dar un margen", en referencia a los complejas etapas que todavía quedan por cubrir.
Cuando el 2 de febrero concluya la segunda consulta popular, que arrancó el pasado 5 de enero, los técnicos municipales abordarán las resoluciones de las alegaciones. Sus incorporaciones parcial o totalmente obligarán a celebrar un pleno para adecuar aún más el planeamiento urbanístico, de por sí ajustado por las correcciones requeridas a consecuencia de la Declaración Ambiental (Date).
El documento definitivo se remitirá a la Comisión Territorial de Urbanismo para la enésima revisión. Ese paso será esencial. Dependiendo del tiempo que emplee la Conselleria en emitir una decisión, resultará posible cumplir con la previsión de Calduch. Para este tipo de revisiones, según desveló el propio coordinador, la administración autonómica dispone de un plazo mínimo de dos meses, que se puede alargar en función de la complejidad del análisis.
En cuanto el Ayuntamiento tenga el visto bueno de la Generalitat, el Acord de Fadrell convocará otra sesión plenaria, en la que definitivamente la corporación validará el Plan General al avalar las piezas Estructural y Pormenorizada. De esta forma, se pondrá fin a una tramitación iniciada en 2016, cuando el entonces Pacte del Grau impulsó la primera exposición pública, en la que participaron más de 1.700 personas, con 17 reuniones organizadas en distintos puntos de la ciudad.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.