Ignasi Garcia, Amparo Marco y Fernando Navarro. (Foto: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓ. El acuerdo de gobierno municipal para la ciudad de Castelló suscrito formalmente este martes por el PSPV, Compromís y Unides Podem-CSeM-EUPV bajo el nombre de Acord de Fadrell da continuidad a las políticas iniciadas en 2015 con el Pacte del Grau, como la aprobación definitiva del Plan General, pero también intenta relanzar medidas que no cuajaron, como las de vivienda. Además, aspira a zanjar cuestiones polémicas, entre las que destacan la Cruz de los Caídos del parque Ribalta, que se compromete a eliminar, o el Código de Buen Gobierno, que podrá ser sustituido por el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El pacto de izquierdas se desglosa en 247 medidas, de las que el 85 por ciento corresponden al programa electoral del PSPV, plasmando así su amplia mayoría municipal en el proyecto de gobierno para los próximos cuatro años. La principal diferencia entre el Pacte del Grau y el Acord de Fadrell reside precisamente en este nuevo equilibrio de fuerzas -con 10 concejales socialistas, 3 de Compromís y 2 de la confluencia-, además de la incorporación de Unides Podem como tercer socio de gobierno -en el pasado mandato Castelló en Moviment no entró en el Ejecutivo local aunque lo sustentó desde la oposición-.
El documento que han suscrito en la ermita de Sant Jaume de Fadrell la alcaldesa socialista Amparo Marco, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, y el líder de la confluencia, Fernando Navarro, aspira a desarrollar las políticas adoptadas en el pasado mandato. Entre ellas, destacan la aprobación definitiva del Plan General -que se encuentra actualmente en la última fase de tramitación-, la ampliación de los carriles bici y las zonas peatonales, o la segunda fase de la reforma integral del estadio Castalia.
Una de las áreas que se pretende reforzar en el actual mandato es la de vivienda, cuyas competencias recaen en la confluencia -antes estaban en manos de Compromís-. Los socios de gobierno se han comprometido a ampliar el parque público de vivienda social mediante la compra o cesión de inmuebles "con el objetivo de paliar el déficit habitacional provocado por el mercado inmobialiario", según reza el documento.
El Acord de Fadrell se caracteriza también por intensificar las políticas en materia de sostenibilidad e igualdad, que impregnan de forma transversal todos los departamentos del gobierno. Como medidas específicas destacan la elaboración de un Protocolo de Actuación contra la Contaminación Atmosférica, con el objetivo de "mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes en la ciudad" y "con especial atención al Grau". Para ello, se comprometen a realizar estudios permanentes de calidad del aire independientes de las empresas afectadas.
También se remodelará el Camí Caminàs como corredor verde, una actuación que ya estaba prevista, y se ampliará la estación depuradora de aguas residuales. Sobre esta instalación se elaborará un informe respecto a la concesión y las medidas a adoptar para mejorar su funcionamiento, una de las pretensiones de la confluencia.
La implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos o la creación de brigadas verdes a través de los Jornals de Vila para los huertos, la recogida de residuos de las vías pecuarias y el mantenimiento de la anilla verde, son otras de las novedades que introduce el Acord de Fadrell.
En materia de igualdad, se dará continuidad a la implementación de la perspectiva de género en todo el presupuesto municipal y en las áreas de gestión. Además, se habilitará un Espai de Feminismes, como punto de encuentro de grupos de mujeres en el que puedan desarrollar su actividad. Entre las medidas adoptadas está también incorporar la exigencia a todos los contratistas de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, requiriendo planes de igualdad visados por la Generalitat a las empresas que contrata el Ayuntamiento.
El pacto tripartito tampoco pasa por alto algunas de las cuestiones que más controversia y desgaste han generado en el seno del anterior gobierno. Entre las medidas plasmadas en el documento, se encuentra la eliminación de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta, un proyecto que tensó las relaciones entre el grupo socialista y Compromís, no por el fondo -pues ambas formaciones abogan por la retirada de vestigios franquistas-, sino por la forma.
El PSPV temía la imputación en los tribunales, como en el caso de la Vall d'Uixó, mientras Compromís presionaba para iniciar los trámites de remoción del monumento antes del fin de la legislatura. Finalmente, se presupuestó el proyecto, que ha sido paralizado por el juzgado a petición de la asociación Abogados Cristianos. Aún así, la eliminación de la cruz se mantiene como medida a implementar en el actual mandato, a expensas del devenir en los tribunales. Cabe recordar que la medida se encontraba recogida en el programa electoral de Compromís, aunque no en el del PSPV y la confluencia -esta última recogía la eliminación de todos los vestigios, sin explicitar la cruz-.
Por otra parte, los tres socios de gobierno han consensuado adherirse al código ético de la FEMP, lo que en la práctica podrá suponer la sustitución del Código de Buen Gobierno por el que rige se actualmente la corporación municipal y en virtud del cual la exconcejala de Compromís Ali Brancal fue cesada de sus funciones como investigada por presunta corrupción.
El nuevo gobierno entiende que el código ético municipal, aprobado en plena efervescencia de los casos de corrupción que atizaban al PP, es demasiado estricto en la asunción de responsabilidades, pues fija el umbral de la dimisión en un momento procesal prematuro. El texto establece el cese cuando se abre la investigación judicial, es decir, cuando se adquiere la condición de imputado, y no con la apertura de juicio oral, como recogen otros códigos éticos de instituciones y partidos.
El código de la FEMP, sin embargo, solo establece líneas generales para la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades, sin concretar los pasos a seguir en caso de imputación. El grupo socialista ya pidió en su día, antes de la aprobación del código actual del consistorio en 2015, que la corporación se adscribiera a textos ya vigentes en otras instituciones. Ahora es Compromís, el principal damnificado por la imputación de Brancal, el que ha propuesto -así lo recogía en su programa electoral- la adhesión al código de la FEMP, una iniciativa que ha recibido el visto bueno de los otros dos socios de gobierno y que ha sido incluida en el acuerdo.
El procedimiento a seguir en el Ayuntamiento para la aprobación de esta medida debe aún determinarse, pero si pasara por pleno, la mayoría absoluta de la coalición permitiría dar luz verde a la sustitución del código.
En materia cultural, el nuevo gobierno se compromete a incorporar a Castelló en el circuito nacional e internacional de "las grandes giras de música contemporánea", según el acuerdo suscrito. De esta manera, el PSPV explicita en el programa de gobierno una de sus pretensiones, que ya generó malestar en Compromís en el pasado mandato. La alcaldesa Amparo Marco tomó las riendas en la organización de actividades de carácter cultural, un gesto que fue interpretado por la edil del ramo, Verònica Ruiz, como una intrusión en sus competencias.
Por otra parte, el gobierno municipal pretende construir la Biblioteca Central de Castelló (BCC), un centro de cultura digital y la sede del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) en el edificio del antiguo asilo. Además, se compromete a crear un cine público con programación estable en el centro de la capital, "con precios populares y programación en versión original y en valenciano".
La Junta de Gobierno Local se ha constituido este martes en el Ayuntamiento de Castelló bajo la presidencia de la alcaldesa, Amparo Marco. En su primera reunión, se han aprobado las primeras medidas para la organización municipal, según ha informado el concejal Rafa Simó, que actuará como concejal-secretario y portavoz del Gobierno.
La junta ha aprobado la designación de los nueve tenientes de alcaldía que formarán parte del órgano de gobierno, y que corresponderán, por este orden, a David Donate, Ignasi García, Fernando Navarro, Pilar Escuder, Verònica Ruiz, Rafa Simó, José Luis López, Mary Carmen Ribera y Omar Braina.
También se ha acordado el régimen de sesiones de la Junta de Gobierno Local, que a partir de ahora se celebrarán los jueves a las 9.15 horas. El portavoz del gobierno municipal, Rafa Simó, ha destacado la "voluntad" de los integrantes de la junta para impulsar el desarrollo del Acord de Fadrell que se ha firmado también este martes entre los grupos políticos de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-Castelló en Moviment-Esquerra Unida.
