VALÈNCIA. La educación rural cuenta con una serie de limitaciones de carácter estructural que impide a millones de niños y niñas poder tener una enseñanza como la del resto de su generación. El problema es aún más acusado en las comunidades de países como Perú o Venezuela, donde la falta de recursos aumenta la brecha educativa. Para analizar todas estas cuestiones, la ONG Entreculturas, junto con la organización Fe y Alegría han elaborado el informe 'Educación rural, entre el olvido y la reivindicación'.
Este estudio, publicado con motivo del inicio de curso y presentado en València este lunes, pone el foco en las dificultades de acceso a ciertas infraestructuras y los grandes retos que se le plantean a la educación rural alrededor del mundo. Entre ellos destaca la brecha digital, que además de tener un papel relevante en la calidad de la enseñanza, también limita las posibilidades de los profesores de formarse mientras desarrollan su labor.
Esta es una de las conclusiones de este informe, en el que se recuerda que durante la pandemia se cerraron escuelas en las zonas rurales, en las que no se pudo realizar una enseñanza a distancia ante la falta de conexión a Internet. Una situación que afectó "a la educación y el bienestar socioemocional de docentes y estudiantes". "La falta de conectividad exacerbó las desigualdades, a pesar del uso de la radio en algunos lugares", remarca.
Durante la presentación de este informe intervinieron varios ponentes, entre ellos Livia Condorcahua, coordinadora pedagógica de Fe y Alegría en Perú, que remarcó que, en las zonas rurales de este país, los profesores "tienen pocas oportunidades de seguir formándose ante la falta de Internet", algo que repercute en la calidad educativa. En este sentido, lamentó que los profesionales deben "asumir la precariedad de las infraestructuras" y "adaptarse a las condiciones geográficas, el poco acceso de transporte y la falta de conexión a Internet".
Siguiendo en la línea de la brecha digital, Condorcahua expresó que durante la pandemia de Covid-19 "se notó claramente la desigualdad de la educación en zona rural y urbana". "Los de la zona urbana llegaron a tener una educación virtual a distancia, sin embargo, los estudiantes de zona rural se vieron totalmente abandonados porque los profesores no pudieron llegar. Al no contar con ningún tipo de conectividad, fueron dos años de abandono", aseguró.
Además, consideró que este tipo de obstáculos "salieron a relucir" durante la crisis sanitaria, "pero son necesidades que se han visto desde siempre". Por ello consideró que las autoridades tienen "deberes pendientes" como el impulso de "políticas públicas que garanticen la atención en todos los niveles y modalidades" educativas.
Además, recordó la existencia de localidades en las que los estudiantes no pueden acceder a la educación secundaria, lo que implica que tengan que trasladarse a otras para seguir con sus estudios. Entre las consecuencias de ello se encuentra que 72 millones de niños y niñas no acudan a la escuela o que sólo el 11% de las niñas empobrecidas que viven en zonas rurales termine la educación secundaria, según datos recopilados por la ONG.
Este estudio también fija "las emergencias climáticas y la degradación ambiental" como una de las causas que "aumentan la vulnerabilidad de las comunidades rurales y sus escuelas". En este sentido, pone de relieve el papel de la educación para la recuperación y reconstrucción de las comunidades rurales tras los desastres climáticos y recuerdan: "Es esencial promover procesos educativos que permitan comprender el impacto del cambio climático".
El informe incluye también una serie de recomendaciones a los Estados y a la comunidad internacional en general con el objetivo de "garantizar el derecho a la educación de calidad" en zonas rurales. Entre ellos, pide respetar los conocimientos previos y prácticas tradicionales de enseñanza en cada lugar del mundo, así como su patrimonio cultural.
Además, reivindica la protección de la educación pública gratuita "sin discriminación". Para este propósito pide, además de un marco normativo, que se garanticen "condiciones adecuadas" en materia de infraestructuras, además de estabilidad en el cuerpo docente. También reclama que se creen programas de educación para personas adultas que pongan el foco especialmente en las mujeres.
Aunque el informe responde a un carácter global, dedica un breve apartado a recordar una serie de datos publicados por el Ministerio de Educación y que permiten realizar una ligera aproximación a la situación de las comunidades autónomas españolas, aunque sin realizar un análisis de causas y consecuencias. La Comunitat Valenciana contó con un total de 40.632 alumnos repartidos en 314 centros de "áreas escasamente pobladas". En el conjunto de España, más de 660.000 estudiantes estudiaron en los cerca de 6.000 centros ubicados en este tipo de zonas.
Además, los Centros Rurales Agrupados de la Comunitat contaron en el curso 2021-2022 con 279 estudiantes menos que en el ejercicio anterior. Una cifra sobre la que desde la ONG recuerdan que supone una reducción poco significativa en términos porcentuales y que podría estar motivada por cuestiones derivadas de la pandemia, aunque no se aventuran a destacar un motivo fundamental por encima del resto.
Cabe mencionar que la ONG Entreculturas cuenta con diferentes proyectos subvencionados por la Administración pública. Entre ellos se encuentra una ayuda de la Generalitat Valenciana, concretamente de la dirección general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, para desarrollar proyectos en Perú. Esta subvención, que está dotada con cerca de 900.000 euros y que tiene una duración de tres años - hasta abril de 2025 - ha permitido realizar una serie de proyectos para mejorar la enseñanza en zonas rurales de este país, que quedan reflejados en el citado informe.