Castelló busca asegurarse la reversión del topónimo bilingüe: pide un nuevo informe a un experto

CASTELLÓ. El nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, compuesto por el PP y Vox, busca asegurarse la reversión del topónimo bilingüe. Para evitar que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) pueda tumbar la solicitud, el bipartito ha encargado un nuevo informe a un experto. En concreto, a Santiago Fortuño, licenciado en Derecho y licenciado y doctor en Filología Románica-Hispánica por la Universidad de Barcelona y catedrático emérito de Literatura Española por la Universidad Jaume I.

El especialista en Lingüística tiene un plazo máximo de dos meses para elaborar el documento técnico. Durante ese tiempo, el ejecutivo local deja en suspensión el procedimiento incoado por acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2023 con vistas a materializar el cambio de la denominación del municipio en su forma castellana y valenciana. En efecto, se trata de un compromiso adquirido por la alcaldesa, Begoña Carrasco, durante la campaña electoral del 28M.

Una tramitación larga y compleja

Como señaló el portavoz municipal, Vicent Sales, a finales del pasado mes de noviembre, la tramitación para restituir el topónimo bilingüe se alargará año y medio, aproximadamente, siempre que no surjan contratiempos en forma de valoraciones negativas de la Conselleria. Incluso, a consecuencia de la formalización de recursos ante el Contencioso-administrativo por parte de los formaciones que integran la oposición.

Castelló mantiene el nombre exclusivo en valenciano desde 2018. En marzo de aquel año, y a petición del Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU), el Consell acordó el cambio de denominación. La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se materializó el 23 del mismo mes y 15 de abril, respectivamente.

La administración autonómica avaló la solicitud del entonces equipo de gobierno tras el dictamen favorable de la AVL. La autorización de la institución responsable de la normativa lingüística valenciana se produjo a raíz del informe presentado por la exalcaldesa y actual senadora, la socialista Amparo Marco. El autor de dicho informe fue el cronista de la ciudad, Antonio José Gascó.

El PP se mostró contrario a la forma única en valenciano

El Partido Popular, en la oposición, trató de frenar la medida con un primer recurso ante el Contencioso-administrativo en junio de 2019. Sin embargo, el juzgado falló a favor del Ayuntamiento, lo que llevó al grupo municipal liderado por Carrasco a formalizar una segunda alegación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En mayo de 2022, el TSJCV desestimó el recurso del PP y zanjó la polémica con una sentencia firme.

No obstante, la ahora primera munícipe siempre advirtió que, en el caso de llegar a la alcaldía, una de sus primeras medidas sería la recuperación de la forma bilingüe. Una promesa que comenzó a fraguar el 22 de junio de 2023 con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local para iniciar el procedimiento administrativo.